Toluca, Edomex, 20 de oct.- Las
comunidades indígenas Ñhato (Otomí del Alto Lerma) del municipio de Lerma,
Estado de México, están realizando serias acusaciones en contra del gobierno
estatal, no solo por romper convenios y compromisos internacionales en materia
de derechos indígenas, firmados incluso por el ejecutivo, sino porque además se
estarían violentando flagrantemente leyes nacionales, cometiendo delitos que
inclusive ameritan cárcel y clausura de actividades según lo estipulado por la
ley, todo ello para intentar apresurar la imposición del polémico proyecto de
autopista Toluca-Naucalpan.
La humillación a los pueblos
indígenas en el Estado de México
Seguramente ni Eruviel Ávila ni
los poderosos empresarios sufren los temores de una persona que vive al lado de
una carretera, con todo el ruido, contaminación, destrucción y riesgos que esto
implica; lo mismo era para las comunidades indígenas de San Francisco
Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, quienes trataban simplemente de llevar
una vida tranquila acorde a su cultura milenaria en armonía con el bosque, el
agua y el medio ambiente; vital también para los valles de México y Toluca.
No obstante esta paz milenaria
está siendo amenazada por un superproyecto carretero que pretende devastar más
de 300 hectáreas de bosque comunal; se calcula que más de 7 mil autos,
camiones, pipas y trailers atravesarán diariamente lo que era una tranquila
zona de bosque indígena; pasando además por un costado del Cerro de la Campana,
donde se encuentra el lugar más sagrado de la cultura ñhato, el cual “quedará
solamente como un atractivo más al lado de la contaminante, ruidosa y nociva
autopista”, como denuncian las comunidades en resistencia.
El conflicto es añejo; las
comunidades indígenas han enlistado una serie de puntos notables para
argumentar su rechazo a la imposición del proyecto, pues además no han sido
consultadas ni siquiera en los términos previstos por la ley, motivo por el
cual se han sumado a la denuncia múltiples organizaciones ambientalistas y de
derechos humanos, quienes exigen al gobierno mexicano respetar los tratados
internacionales.
La contradicción del trato a los
indígenas en México
El 23 de septiembre pasado, el
presidente Enrique Peña Nieto firmó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, una serie de compromisos para garantizar el respeto a los pueblos
indígenas del país; uno de estos documentos, hace referencia directa a la
nación otomí de San Francisco Xochicuautla, donde explícitamente le recuerdan
al gobierno mexicano que “es importante reconocer el principio de la
autodeterminación de los pueblos“.
Xochicuautla, junto con otras 13
naciones indígenas de América, África y Asia, estuvieron preparando en la sede
de las Naciones Unidas la declaratoria conjunta desde mayo del presente año; a
través de diversos encuentros internacionales de la materia, se hizo un
pronunciamiento para exigir el respeto a las garantías de los pueblos indígenas,
lo cual fue signado por Peña Nieto en su reciente y primera visita a la ONU.
“Ningún derecho es más sagrado
para una nación, un pueblo, que el derecho a determinar libremente su futuro
social, económico, político y cultural sin interferencia externa“; se lee en la
Declaración conjunta de Xochicuautla y otras naciones indígenas avalada por el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU; no obstante la
realidad es que ni siquiera este derecho esencial está siendo respetado en el
Estado de México, pues las comunidades siguen denunciando el atropello y los
abusos.
El Centro de Estudios de
Indígenas del Mundo, respetada organización internacional defensora de derechos
humanos con representación en la ONU y el Consejo Internacional de Tratados
Indios (IITC por sus siglas en inglés) emitieron también desde el mes de junio
del presente año, una carta dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Juan José Guerra Abud, pidiéndole rectificar los permisos para los
“proyectos que afectan a las tierras indígenas, territorios y otros recursos,
especialmente en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de
minerales, agua u otros recursos”.
En la carta de la cual poseemos
copia, los organismos internacionales le externan a Guerra Abud su indignación;
“Se acusa de violación a los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente de
todos los seis artículos determinados a proteger los derechos de los Otomís en
los alrededores de Lerma, localizados en el centro de los territorios de
Otomís. A pesar de su misión de proteger el medio ambiente para garantizar la
salud y el bienestar de la población la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) no ha impedido el desarrollo de la Carretera Naucalpan
Toluca en las marismas sensibles y los valles del territorio Otomí” (…) “El
fracaso para garantizar el consentimiento libre, previo e informado del
gobierno de San Francisco Xochicuautla y comunidades vecinas es contrario al
compromiso expresado por México en la Asamblea General de la ONU el 13 de
septiembre de 2007, para apoyar y promover la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas“, se indica textualmente en la misiva.
“Instamos a respetar los derechos
constitucionales, humanos e indígenas de la comunidad de San Francisco
Xochicuautla, así como a un compromiso del gobierno mexicano a cesar las
violaciones de su autonomía, autodeterminación y autogobierno que han sido
reconocidas nacionalmente e internacionalmente como inherentes a las naciones
indígenas“, agregó también el conjunto de organizaciones internacionales en
carta firmada por el Presidente de la Junta y reconocido académico e
investigador de los temas indígenas Rudolph Ryser, así como por Andrea Carmen,
Directora Ejecutiva del IITC.
El organismo mundial reitera
además, que “el gobierno de San Francisco Xochicuautla repetidamente ha hecho
esfuerzos genuinos oficiales para comunicar su desaprobación hacia el
desarrollo de la autopista a través de y cerca de territorios Otomís. Tales
expresiones constituyen una negación del consentimiento del gobierno Mexicano,
la SEMARNAT y quienes PARTICIPAN activamente en la imposición de dicho
proyecto“, afirmó la organización mundial defensora de los derechos indígenas a
carta que aún no tiene respuesta, en la cual también denunciaron el “el uso
ilegal de las fuerzas de seguridad del estado para intimidar a los habitantes
Otomís que se oponen al proyecto de la carretera“.
Una copia del diagnóstico también
fue recibido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con
sede en Suiza, así como por el embajador de México ante la ONU, Jorge Montaño.
Crimen de estado
A pesar de las denuncias y pactos
internacionales, es precisamente el uso de la fuerza policial, lo que
nuevamente sale a relucir como recurso para tratar de imponer el proyecto
carretero. Desde el pasado viernes 10 de octubre de manera sorpresiva entraron
a territorio comunal de San Francisco Xochicuautla cientos de granaderos
fuertemente armados; ya lo habían hecho antes en múltiples ocasiones para
tratar de manipular asambleas, aunque esta vez lo hicieron por un motivo
diferente; para proteger a quienes ellos llaman “los talamontes”; trabajadores
de la empresa Autovan SA de CV, quienes han comenzado a destruir zonas
comunales, a pesar de no tener ni siquiera los permisos legales para ello.
Deje usted que en el Estado de
México no se cumplan los tratados internacionales; cuando respecta a los
pueblos originarios, ya ni siquiera las leyes locales se respetan, pues a pesar
de que existe una orden judicial que impide el paso de cualquier proyecto
privado en zonas comunales de Xochicuautla, y que el tribunal agrario dictaminó
dejar sin efecto todas las asambleas amañadas con las que intentaron imponer el
proyecto, el gobierno de Eruviel Ávila hizo oídos sordos y está mandando a
cientos de granaderos durante los días hábiles para realizar por la fuerza el
avance de la autopista privada.
El pasado 15 de mayo del presente
año, el magistrado Jorge Silva Cano, del tribunal unitario agrario, cumplió la
ejecutoria del amparo directo 48/2014, dictado el 2 de mayo, y con el cual se
decreta la nulidad de las asambleas irregulares con las que se pretendía
legalizar la autopista; además de invalidar el convenio de ocupación previa; es
decir que tanto el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares (Saascaem) como la empresa constructora, se quedaron sin ningún
documento legal que pueda avalar la incursión del proyecto, pues meses atrás ya
también se había decretado la inválidez del decreto que intentó penosamente
implementar el gobernador mexiquense.
Como si no hubiera problemas de
seguridad en el Estado de México, cientos de policías estatales que deberían
estar apoyando en la terrible situación de inseguridad de la entidad, en vez de
ello están siendo utilizados para imponer un proyecto privado, el cual además
del ecocidio que está causando en una región ya de por sí devastada, están
violando además múltiples artículos de la legislación vigente.
A pesar de las insistentes
consultas realizadas, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, como el Saascaem, se han negado a presentar bajo que documentación se
amparan para violar el territorio comunal indígena de San Francisco
Xochicuautla, así como a dar más detalles de las masivas movilizaciones
policiales para la realización del crimen; pues además se han masacrado ya
decenas de árboles, lo cual es un delito bien definido por el código penal.
Destrucción realizada en zonas
comunales. Foto.
frentedepueblosindigenas.org
Destrucción realizada en zonas
comunales. Foto: frentedepueblosindigenas.org
Insólito conflicto que está
causando eco internacional
Es de resaltar que este proyecto
lleva años avanzando, a pesar de que nunca se ha tenido la autorización de al
menos 3 regiones involucradas; por lo que se debería investigar como es posible
que ya el gobierno del Estado de México y la empresa dieron desde hace años por
un hecho la imposición de un proyecto privado, a través de comunidades
indígenas a las que ni siquiera habían consultado; avanzando e invirtiendo
millones en otros tramos del trayecto que ya están listos, siendo que otras
comunidades que además de que nunca han dado su autorización para el
macroproyecto que planea pasar por su territorio, se han externado también
decididas a defender su autonomía, alertando de las severas consecuencias que
dicho negocio provocaría en sus comunidades y su cultura.
También debería ser sujeto a
escrutinio internacional la forma en la cual han cambiado en varias ocasiones
de estrategia para imponer el proyecto carretero, pues en algunas incluso han
recurrido a prácticas tan aberrantes como el soborno público, tentando con
fuertes sumas de dinero a los comuneros para someterse al proyecto, generando
también conflictos que han dejado huellas indelebles en las comunidades.
El pasado mes de mayo también se
emitió también en el Senado de la Repúbica un punto de acuerdo para solicitar a
la Semarnat aclarar la situación legal y ambiental del proyecto carretero, lo
cual tampoco ha sido respondido.
Los evidentes atropellos han
provocado no solo la reacción de organismos internacionales, sino también
decenas de organismos nacionales y comunidades originarias, quienes han
externado su rechazo a los atropellos contra las comunidades ñhato del Bosque Otomí-Mexica,
motivo por el cual incluso estas comunidades del municipio de Lerma, serán
anfitriones en diciembre próximo del EZLN, las comunidades zapatistas, los
pueblos originarios del CNI y de representantes de decenas pueblos indígenas de
todo el mundo, quienes estarán PARTICIPANDO de la inauguración del Festival
Mundial de las Resistencias y las rebeldías.
Problema generalizado
Tal parece que mientras el país
se encuentra en vilo por la situación de los estudiantes desaparecidos, en el
Estado de México se aprovechó para resolver por la fuerza otros conflictos de
territorio con los pueblos originarios, pues otra grave situación se presentó
en la comunidad originaria de San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero,
quien también lleva tiempo luchando contra la imposición de proyectos privados;
y quienes en días recientes han recibido múltiples órdenes de aprehensión en
contra de los principales líderes; algunos de ellos jóvenes de menos de 21 años
de edad, quienes solamente se habían sumado a la exigencia de su comunidad de
respetar el territorio.
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