martes, 24 de marzo de 2015

En 17 estados del país se registra explotación de jornaleros migrantes y locales: (ONAC)


 Los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados. “Ninguna convención o tratado internacional que ha firmado el país, ha sido indicador de un cambio en las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguen manteniendo las mismas condiciones de la Revolución: tiendas de rayas, alimentación precaria, hacinamiento, falta de escuelas en los campos, horas extra sin pago y un maltrato constante de parte de los capataces”, da a conocer la Organización Nacional Campesina (ONAC).



Dentro de los casos sobresalientes se encuentra el de la esclavitud a la que fueron sometidos 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, que trabajan para la empresa Bioparques de Occidente, una empacadora, productora y exportadora de jitomate, compañía que recibió apoyos del gobierno estatal por 10 millones de pesos y una serie de reconocimientos.

La empresa obligaba a sus trabajadores a trabajar 12 horas diarias, mientras les decomisaba identificaciones y papeles personales, sus horarios iniciaban a las 3 de la madrugada con un ‘paupérrimo’ desayuno basado en una pequeña porción de sopa.

En 17 estados del país, principalmente Sinaloa, Sonora, Chihuahua, y Baja California Sur, indican, se registra explotación de jornaleros migrantes y locales. Sobre el tema Yil Felipe, coordinadora de programas de Save The Children, considera particularmente preocupante la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco y jitomate, entre otros cultivos, del Estado de Sinaloa.

Quienes afirma, “son sacados de sus comunidades, por un intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como ‘camionero’, ‘cabo’ o ‘enganchador’, quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los campos agrícolas y así es como se desarrolla la explotación”.

Y explica que “al llegar a la entidad, el intermediario es responsable de brindarles casa, alimento, servicios básicos y de pagarles su salario. Si el productor paga 20 pesos por costal de papa, o 30 pesos por tonelada de caña, el dinero llega al intermediario, y este personaje se queda con una parte importante y al jornalero le llega solamente el 40% de lo que está pagando el productor”.

Las jornadas de estos trabajadores son entre 8 y 12 horas, luchando contra los efectos del contacto sin protección con fertilizantes, fungicidas y pesticidas, que dañan su piel, ojos y pulmones, esto sin recibir una debida atención médica. En el caso de las mujeres, tienen que soportar el acoso de sus superiores, ganando 120 pesos diarios.

Según organizaciones no gubernamentales, una de las entidades donde se presume un alto índice de ‘esclavitud’ de trabajadores es Baja California, en donde la industria agrícola se encuentra en manos de 12 empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de 4 décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales, o sus dueños tienen vínculos directos con éstos, como son los casos del ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, y la familia del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Incluso el ex presidente Felipe Calderón es accionista de una de estas empresas.

En los años 90 se contabilizaron más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la actualidad no superan los 30 mil, esto provocado por la situación laboral, que ha sido calificada como de ‘extrema gravedad’, debido a la esclavitud padecida por los trabajadores, que con frecuencia o abandonan el lugar de trabajo u organizan huelgas, pese a la estabilidad de la actividad industrial.

En días pasados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Comondú, Baja California Sur, la dependencia detalló que los trabajadores (hombres, mujeres y niños), fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños para trabajar en Comondú, en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial. Abundando que los indígenas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales, como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

En Sinaloa, los trabajadores de las zonas agrícolas, también padecen maltrato casi feudal, quienes huyen de la pobreza y violencia de sus comunidades, padeciéndola con frecuencia mujeres indígenas, que en aras de independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y falta de oportunidades en la que vivían, encontraron esclavitud, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, Sinaloa.

“Sinaloa tiene varias zonas agrícolas que no detienen sus labores durante casi todo el año. Una de ellas es Villa Juárez, en el municipio de Navolato, a 30 minutos de distancia de Culiacán, capital del estado. Ahí se siembra tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos a todo el país. En la zona se observan los interminables surcos trabajados por cientos de mujeres, quienes padecen violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas laborales sin descanso”, denuncia Amalia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad.

La defensora explica que “en los campos agrícolas Victoria, El Chaparral, Santa Teresa y El Serrucho, donde mantiene actividades la empresa Melones Internacionales, a las jornaleras no se les permite visitas, además de que no se les da oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de enfermedad son despedidas sin ningún amparo legal”.

Tarahumaras narran como fueron engañados para trabajar en 

Al mismo tiempo afirma que “la gran mayoría de la población de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos oficiales. Estas personas llegan hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que ha generado dificultades para que ejerzan su derecho a la salud y a la justicia debido a la falta de intérpretes. Mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas, huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias que trabajan en los campos, viven mal, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas sexualmente, viven violencia física y además no cuentan con seguridad social, pese al esfuerzo del trabajo en el campo”.

“Sin contar que presentan también enfermedades en la piel por la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos, detalla Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a los baldes que tienen que cargar en su espalda”, confirma López.

Según informes de Amnistía Internacional, existe una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la omisión en estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; al mismo tiempo se da el ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la sociedad.

“Es urgente que el Estado mexicano establezca un control efectivo sobre el uso de plaguicidas sintéticos en la agricultura de modo que se proteja la salud de los jornaleros y de sus familias, pero también se preocupe por sus condiciones de vida y sus salarios, además de las prestaciones de ley”, afirma Samuel Salinas, investigador social.
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