La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
confrontó hoy al Gobierno mexicano al afirmar que en México hay una violación
"estructural" de los derechos humanos y considerar que la
desaparición de 43 jóvenes hace un año no es un hecho "aislado".
"No vemos la tragedia de los 43 estudiantes como una
tragedia aislada, sino como un patrón de violaciones a los derechos humanos que
han ocurrido durante décadas", dijo la presidenta de la CIDH, Rose-Marie
Belle Antoine, en la rueda de prensa para presentar el informe preliminar de la
visita a México del organismo.
Esta dura afirmación fue respondida en un acto celebrado
casi en paralelo por el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de
Gobernación, Roberto Campa, quien dijo que la desaparición de los jóvenes en
septiembre de 2014 fue una situación "extraordinaria".
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron
arrestados por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados a
miembros de cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los mataron e
incineraron en un basurero cercano.
Sin embargo, un grupo de expertos independientes de la CIDH
cuestionó dicha versión en un informe presentado en septiembre pasado que
denunció serias irregularidades en la investigación.
En esta gira de trabajo por México tras casi 20 años sin
pisar el país, la CIDH constató "en terreno" que la nación afronta
"una grave crisis de derechos humanos".
México vive "caracterizado por una situación extrema de
inseguridad, violencia y graves violaciones En especial, desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura", afirmó la presidenta.
Ello, con "niveles críticos de impunidad y una atención
inadecuada" a víctimas y familiares, agregó.
Sin embargo, desde el Gobierno afirmaron que la visita de
cinco días de la CIDH, en la que participaron varios comisionados que se
reunieron con instituciones públicas, asociaciones civiles y víctimas de seis
estados, no "refleja la situación general del país".
La presidenta de la CIDH habló de la "alarmante"
desaparición de personas -más de 22.000 en los últimos ocho años- y la
"existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes
del Estado" o con su aquiescencia.
Asimismo, la impunidad judicial es de carácter
"estructural", lo que lleva a "perpetuar" las violaciones
de derechos humanos, denunció la presidenta en este acto que contó con una gran
presencia de medios nacionales y extranjeros.
Para muchas víctimas, afirmó la CIDH, el ejercicio de la
justicia es una "simulación" que prueba la "brecha entre el
andamiaje legislativo y judicial".
Este organismo autónomo, perteneciente a la Organización de
los Estados Americanos (OEA), mostró también preocupación por ejecuciones
extrajudiciales como la registrada en junio de 2014 en Tlatlaya, en el céntrico
Estado de México, o el caso de Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán,
donde murieron 42 presuntos criminales.
En esta misión, Antoine estuvo acompañada del primer
vicepresidente, James Cavallaro, los comisionados Felipe González, Tracy
Robinson y Rosa María Ortiz, además del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio
Álvarez Icaza, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison
Lanza, entre otros.
Lanza calificó hoy de "situación de emergencia" la
realidad de los periodistas en México, tras constatar un ascenso de las
agresiones, amenazas y asesinatos.
Y si bien valoró positivamente iniciativas como la Ley
Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
aprobada en junio de 2012, instó a que se implementaran las medidas adecuadas
para que se cumpla.
Campa respondió: "Hemos mejorado de manera sustancial
la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, bajo un mecanismo
que hoy protege de manera efectiva a 463 personas".
Tras reunirse con funcionarios y legisladores, la CIDH
agradeció finalmente la predisposición del Ejecutivo mexicano por permitir la
visita al país y se ofreció a "seguir colaborando" para
"fortalecer el Estado".
Esta controversia entre Gobierno y CIDH recuerda a la
acontecida meses atrás en torno a la palabra "generalizada" que
utilizó el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, para
calificar la situación en México.
Durante semanas, el Gobierno se empeñó en descalificar al
relator, llegando a acusarlo de ser poco riguroso y de faltar a su código de
ética.
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